Silencios y complicidades
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Autor: Raúl Llarul
En materia diplomática como en general en política, el silencio tiene un valor innegable. Quien no sea capaz de interpretarlo estará sujeto a análisis parciales o insuficientes, porque no tendrá en cuenta todos los factores de la ecuación.
Varios son los casos contemporáneos en política internacional donde encontramos un silencio funcional a poderosos intereses de quienes ejercen, como aristocracia global, poder indiscriminado sobre un mundo que paga con vidas inocentes el afán de lucro y concentración de riqueza de un criminal grupo de poder mundial.
Venezuela y su “Annus horribilis”
Pésimo año el 2026 para Venezuela. El 3 de enero, sufrió el ataque criminal del gobierno de Estados Unidos, secuestrando al presidente legítimo y a su esposa, en un acto que no solo sigue impune, sino que se mantuvo en gran parte envuelto en un cómplice silencio por parte de la comunidad internacional.
Los dos terremotos del 24 de junio, que afectaron particularmente el estado costero de La Guaira, constituyen terribles acontecimientos que sembraron de dolor y muerte al pueblo venezolano. En este caso, a diferencia del episodio del 3 de enero, la comunidad internacional se expresó de inmediato, con muestras de solidaridad y, en muchos casos, envío de ayuda, personal de rescate y auxilio de todo tipo.
No podía esperarse menos en esas circunstancias. Pero no pueden analizarse las cosas de manera aislada, como si cada suceso fuese autónomo e independiente. Es cierto que no puede compararse un acto de agresión criminal perpetrada por un gobierno extranjero contra un pueblo pacífico, con una acción devastadora de la naturaleza, como fueron los sismos del 24J.
3,342 personas habrían muerto y más de 16.740 resultaron heridas, según reportes de los primeros días de julio.
La tragedia encuentra a la Patria de Bolívar en una condición de vulnerabilidad extrema, en la que no puede discriminarse lo político de lo material. No es lo mismo enfrentar las consecuencias de un cataclismo en condiciones de autonomía soberana y en plena capacidad de administrar sus recursos, organizar las actividades que correspondan y actuar de acuerdo a protocolos establecidos, que hacerlo condicionados por una fuerza externa que ha convertido al país en un protectorado de hecho, esquilmando sus recursos, y dejando al gobierno y a la economía venezolana en una condición de subordinación a los designios de Washington.
Esta condición semicolonial se manifiesta en el despojo del petróleo al pueblo de Venezuela, el producto de cuyas ventas se deposita en una cuenta especial del Departamento del Tesoro de EEUU, de la cual una mínima parte regresa a Caracas.
En medio de la tragedia debemos recordar el debilitamiento progresivo a todas las estructuras del Estado a lo largo de años de vigencia de más de mil sanciones y medidas coercitivas de los EEUU destinadas, precisamente, a hacer sufrir al pueblo venezolano, esperando que éste culpara a su gobierno y no a los verdaderos responsables, los criminales hacedores de política en la Casa Blanca. Hasta hoy las medidas siguen vigentes, pese a las desgracias que se suman cotidianamente.
La devastación material sirvió también para ratificar el carácter odioso, mentiroso e inhumano de la derecha mundial, especialmente sus expresiones extremistas, acusando a Venezuela de no contar con los elementos necesarios para atender adecuadamente a las víctimas y los sobrevivientes de la terrible catástrofe.
Hay dos elementos a destacar. El primero la falsedad de los argumentos, en la medida que desde los mismos centros asistenciales se afirma que no están escaseando los insumos médicos necesarios para la operación de emergencia actual, en cambio sí se ha denunciado escasez de equipos como retroexcavadoras u otras maquinarias pesadas; esa derecha cavernícola asocia esa situación a un supuesto “estado fallido”.
Omiten recordar los diez años de sanciones y obstáculos comerciales y financieros de todo tipo con que se agredió a Venezuela desde marzo del 2015 cuando desde la administración Obama se declaró a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos.”
Como señalaba en un artículo reciente el politólogo argentino Atilio Borón:
“Si en el 2012 las exportaciones petroleras habían alcanzado un pico de 93.000 millones de dólares luego de las sanciones comenzadas por Barack Obama y potenciadas por el primer Trump aquéllas bajaron en el año 2020 a 4.200 millones de dólares, o sea ¡menos del 5 por ciento de lo obtenido 8 años antes! La guerra económica desplegada con despiadada intensidad afectó gravemente a los ingresos del estado, imprescindibles para financiar las políticas públicas y por supuesto al bienestar colectivo de la sociedad y los ingresos de los trabajadores.
[…] Un estudio sobre el impacto de las sanciones económicas en Venezuela realizado por Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs en el marco del Center for Economic and Policy Research de Washington DC concluye que las sanciones “han causado más de 40.000 muertes entre 2017 y 2018”. Estas sanciones, prosiguen los autores, “encajarían en la definición de castigo colectivo de la población civil” y no sólo violan la legalidad internacional sino también la propia legislación estadounidense.” (https://cepr.net/…/sanciones-economicas-como-castigo…/)”
Como en Cuba, el bloqueo se silencia desde el imperio donde se impone como receta hacia un eventual genocidio por hambruna. En esas causas residen muchas de las dificultades frente a diversos eventos que enfrentan los países arbitraria e injustamente “sancionados” por una “autoridad” inexistente, auto-proclamada por el imperio, que pretende decidir sobre vidas y bienes en el planeta. De eso no hablan las derechas ni prácticamente nadie en la comunidad internacional; el bloqueo y las sanciones se naturalizan desde la hegemonía de los medios de desinformación.
Silencio homicida en Gaza
Al menos Venezuela permanece en la atención pública mundial, aunque sea por un hipócrita sentido de “humanismo”, desvirtuado y desnaturalizado para ser útil a intereses predominantes. Pero en Gaza el silencio es estruendoso. Del genocidio sionista contra el pueblo palestino la humanidad sigue sin tomar prácticamente cartas en el asunto.
Las cifras de la destrucción en Gaza son abrumadoras y provienen de múltiples fuentes independientes que superan con creces los datos oficiales.
Según el estudio publicado en The Lancet Global Health[1] —la primera encuesta representativa de mortalidad basada en población realizada de forma independiente—, entre el 7 de octubre de 2023 y el 5 de enero de 2025 se produjeron 75.200 muertes violentas, lo que representa aproximadamente el 3,4% de la población prebélica de la Franja de Gaza. Además, se estimaron 16.300 muertes no violentas vinculadas a enfermedades, accidentes y efectos indirectos del conflicto, de las cuales 8.540 constituyen muertes en exceso respecto a las proyecciones pre-conflicto.
La composición de las víctimas es especialmente demoledora: las mujeres, los niños y los ancianos representaron el 56,2% de las muertes violentas, totalizando 42.200 personas. Solo entre los menores de 18 años se contabilizaron 22.800 muertos.
Estas cifras de The Lancet cubren solo los primeros 15 meses. Hasta junio de 2026, los registros acumulados superan los 72.900 palestinos asesinados directamente por la invasión israelí, según datos del Ministerio de Salud gazatí reportados por OCHA (Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios).
Médicos Sin Fronteras reporta que, hasta enero de 2026, 71.667 personas habían muerto y 171.343 resultaron heridas, con más de 6.009 amputaciones que requieren rehabilitación urgente, el 25% de ellas en niños.
Aunque fuentes occidentales argumentan que no ha habido una barrera de silencio respecto al genocidio, alegando que la Corte Internacional de Justicia emitió medidas cautelares, o que la Corte Penal Internacional solicitó órdenes de arresto, y numerosas organizaciones de derechos humanos han documentado sistemáticamente los crímenes, lo cierto es que la brecha entre la condena verbal y la acción efectiva es abismal.
Hablamos de un silencio que representa una complicidad estructural. Mientras se producen masacres sistemáticas, varios Estados occidentales continúan suministrando armas, vetando resoluciones en el Consejo de Seguridad de la ONU y brindando cobertura política. El silencio se materializa en la ausencia de sanciones efectivas, embargos de armas y mecanismos de rendición de cuentas.
Es un silencio selectivo que muestra el sesgo de la llamada comunidad internacional organizada, una entelequia que ha demostrado capacidad de respuesta rápida y contundente en otros contextos – sobre todo aquellos convenientes a los intereses de EEUU, la Unión Europa o la OTAN-. Por el contrario, la parálisis ante Gaza revela que el valor de las vidas palestinas sigue siendo despreciado en el sistema internacional.
El silencio es complicidad con la deshumanización. La retórica que presenta a toda una población como «escudos humanos» o que reduce la muerte de niños a «daño colateral» funciona como anestesia moral que permite observar el genocidio sin interacción.
Este silencio solo se ha roto desde sectores del campo popular, organizado en lo que se ha dado en llamar sociedad civil internacional, que ha demostrado con creces su capacidad de denuncia y de acciones solidarias con el pueblo palestino y con otros pueblos en lucha y resistencia.
Lo han hecho, aún a riesgo de sus propias vidas, mujeres y hombres de toda nacionalidad, edad y origen, que se enlistaron en las diversas expediciones marítimas y terrestres para hacer llegar ayuda humanitaria a Palestina. Millones de personas en todo el mundo salieron a las calles, organizaron boicots académicos y culturales, y presionaron a sus gobiernos. El silencio de que hablamos es, en realidad, una fractura entre las élites políticas y las bases sociales que exigen justicia.
La infamia no es solo la matanza. Es la normalización de ver a una población ser despedazada, con cobertura mediática, sin que el mecanismo de "Nunca Más" se active. Gaza se ha convertido en la prueba definitiva de que el derecho internacional, sin voluntad política para hacerlo cumplir, es letra muerta frente a la geopolítica del poder.
Modelo salvadoreño: endeudamiento escandaloso, fraude y corrupción
Desde que el bukelato asumió el control de la Asamblea Legislativa en mayo de 2021 se han autorizado 75 préstamos por más de 10 mil millones de dólares al Gobierno, según revelan informes de prensa recientes.
Una parte importante de dichos recursos todavía no ha sido desembolsada. El endeudamiento se ha vuelto una práctica cada vez más fácil de aprobar mientras los controles existentes con anterioridad han ido desapareciendo gradualmente a golpe de legislación oficialista.
Hoy el régimen dictatorial no es más que una extensión de los intereses de las juntas de accionistas empresariales y socios afines al poder, entre los que destaca, a la vanguardia de ellos, el clan familiar en el gobierno.
El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz publicó recientemente un artículo titulado “El capitalismo antiestadounidense de Trump”, un párrafo de ese trabajo, publicado originalmente en La Jornada, México, el 28 de junio, sostiene en un párrafo una descripción del gobierno estadounidense pero que podría describir a la perfección la dictadura de El Salvador y sus secuaces, empeñados en endeudar el país a toda costa con tal de adueñarse de cuanta riqueza y capital puedan acumular, en el tiempo que el pueblo salvadoreño le siga otorgando para su saqueo. Dice Stiglitz:
[…] Este es el gobierno más corrupto de la historia de los Estados Unidos, por varios órdenes de magnitud. Nada de lo que hace es transparente. Cada participación que obtiene en el sector privado obedece a favoritismo o inversiones personales de altos funcionarios, y las distorsiones económicas resultantes se irán acumulando.[2]
En El Salvador, esto se ve en cada estudio económico serio que se haga del país, en cada análisis de endeudamiento injustificado, transformado sistemáticamente en fondos para solventar gastos corrientes que cualquier estado funcional administraría con recursos provenientes de ingresos corrientes.
Los compromisos del Estado salvadoreño con el FMI sirvieron para seguir accediendo a financiamiento. Las consecuencias del modelo las sufre la población, como no podía ser de otro modo, porque esa es la lógica del grupo parasitario en el poder. Se manifiesta desde los recortes al gasto público hasta los cambios en el sistema de pensiones.
A modo de ejemplo, en la actividad agrícola el campo salvadoreño luce por su abandono; las familias campesinas van desde la pobreza extrema a la migración forzada. El Banco Central de Reserva señala que las importaciones agropecuarias aumentaron 8% entre enero y mayo, siendo las de granos básicos (11.4%), vegetales (6.3%) y frutas (4.5%) las que mostraron un mayor crecimiento.
El “modelo salvadoreño” se reduce a enriquecer a una pequeña élite a costa del sufrimiento, el hambre y el abandono de grandes mayorías expulsadas a la marginalidad y la migración. En este caso, desde la derecha internacional, así como de la vernácula, el silencio se llena de ruido acerca de los “éxitos” del bukelato, para ocultar la miseria en que hunde a su pueblo.
Referencias bibliográficas
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