Corte Penal Internacional: Con sesgo y sin autoridad

La Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal de Justicia regido por el Estatuto de Roma, aprobado en 1998.

Convenientemente ubicado en La Haya, no debe, sin embargo, ser confundido con la Corte Internacional de Justicia, siendo esta última un órgano judicial de Naciones Unidas.

Ni comunidad internacional ni representatividad mundial

Si bien se atribuye la iniciativa a un pedido del Consejo de Seguridad de la ONU, la CPI dista mucho de las expectativas y no es parte de la institucionalidad de la comunidad internacional.

Tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU no la reconocen.

Descontando los países que retiraron su firma, apenas 124 son miembros de la Corte Penal Internacional. Eso reduce la adhesión a poco más de la mitad de las Naciones de la ONU.

La mayoría de las grandes potencias mundiales no se ha comprometido con el Tribunal. Por ejemplo, China, Estados Unidos, Rusia, India, Indonesia y Turquía, no la reconocen.

En otra categoría, el régimen de Israel, responsable del genocidio (en proceso) más atroz desde la Segunda Guerra Mundial, tampoco reconoce ni respeta la autoridad de la CPI.

Si bien EEUU, ni integra la CPI ni acepta sus decisiones (incluso ha sancionado a su fiscal para preservar la impunidad de sus militares), paradójicamente, controla el accionar de la CPI, principalmente mediante el financiamiento de sus actividades.

La “Coalición por la Corte Penal Internacional” asume la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos de la CPI mediante el aporte de recursos de Estados y poderosas Organizaciones no Gubernamentales (ONGs). En el sitio web de la coalición https://www.coalitionfortheicc.org/, admiten este financiamiento. Basta seguir el camino del dinero para llegar a los verdaderos patrocinadores.

El presupuesto anual de la CPI supera los 200 millones de dólares (U$S 206.643.346,00 para el 2024). Su presupuesto es cinco veces mayor que el presupuesto del tribunal de la ONU. En efecto, el presupuesta de la Corte Internacional de Justicia se sitúa en U$S 43.100.000,00

Es público que el fiscal de la CPI pidió orden de detención contra el Primer Ministro del régimen israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra cometidos en su invasión a Gaza. Pese a que Israel no reconoce al Estatuto de Roma, Palestina sí y ello valida la denuncia como país víctima y miembro de la CPI. Sin embargo, no es de esperar que ocurra nada en el marco de este tribunal, porque EEUU lo financia, protege a Netanyahu y amenaza sancionar a los jueces (en realidad, directores) de la CPI, que hagan algo contra Netanyahu.

Pero, una cosa son los amigos de EEUU y otra cosa son los enemigos de EEUU.

Amnistía Internacional quiso presionar a Mongolia para que arrestase al presidente ruso Vladimir Putin, por medio de su directora ejecutiva local, quien expresara que “proteger a un fugitivo de la justicia internacional” equivaldría a “obstruir la justicia”, convirtiéndose en “cómplice de la garantía de impunidad".

Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), expresó que Mongolia estaba “legalmente obligada” a detener a Vladimir Putin.

La FIDH cuenta, entre sus principales financistas, a la Comisión Europea, instituciones estatales de países miembros de la OTAN, a la Open Society Foundation (Soros), la Ford Foundation, la MacArthur Foundation, etc.; mientras, Amnistía Internacional tiene un esquema de financiamiento mediante donaciones individuales y anónimas que simula los aportes de la Ford Foundation y otras ONGs, superando la sorprendente suma de 400 millones de dólares anuales.

Estas ONGs fuertemente vinculadas a EEUU y la OTAN, incurren en la grave falta de mentir a la opinión pública, desde una autoproclamada “independencia” que es una total farsa.

Ni la CPI es la llamada “justicia internacional”, ni sus órdenes de detención son legítimas.

En marzo de 2023, la CPI emite orden de arresto contra Putin, como “presunto responsable” de delitos que habrían ocurrido en 2022 en lo que llaman “territorio ocupado de Ucrania”.

Al asumir que el Donbass es territorio ucraniano, la postura de la CPI implica tomar parte en un conflicto, perdiendo así la independencia que debería tener un organismo de Justicia.

En cualquier caso, durante los presuntos hechos e incluso a la fecha de la orden de detención, ni Ucrania ni Rusia reconocían al Estatuto de Roma, ni siquiera eran miembros de la Corte Penal Internacional.

Según explica la Deutsche Welle en su sitio web, “el Estado de origen del acusado debe reconocer al tribunal” o también “se puede dar el caso de que el país donde se cometieron los crímenes sí reconozca a la CPI”. Incluso si fuese realmente territorio ucraniano, ninguna de las dos condiciones se cumple, por lo cual la orden de arresto carece de legitimidad.

De hecho, Mongolia recibió al Presidente Putin e ignoró las presiones de la CPI y de ciertos representantes de países de la OTAN, para cumplir con la orden ilegal de detención.

Además y con base en el artículo 98 del Estatuto de Roma, no obliga a los Estados a entregar al personal buscado a terceros si han firmado un acuerdo de inmunidad con ellos.

México integra la CPI y ratificó el Estatuto de Roma, pero tampoco seguirá órdenes del Tribunal, por ello no van a arrestar a Putin, ya que es su invitado y respetará su inmunidad.

Otro ejemplo de esta situación es la intención de algunos países de impulsar una persecución contra el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Este tipo de organizaciones que invoca a la comunidad internacional pero se moviliza en base a intereses de un grupo de países, naturalmente, tiene una visión laxa del derecho internacional. Cabe recordarles que los Jefes de Estado "gozan en los otros Estados de inmunidades de jurisdicción, tanto civiles como penales" (Sentencia de la Corte Internacional de Justicia). Es una trampa intentar convertir una "coalición" de Estados en un organismo que asuma el poder de imponer lo que les está impedido como Estados individuales, sin ecuanimidad, sin reglas claras y sin garantías de debido proceso.

En resumen, este tribunal, que en 30 años de existencia ha juzgado a unas treinta personas – muchos de ellos enemigos de EEUU – carece de autoridad moral y legal y de imparcialidad.

Por: Eduardo Mernies

Analista en Asuntos Internacionales